Muchas cotizadas aún mantienen fórmulas para evitar la entrada de capital no deseado
Esla primera recomendación del Código Unificado, pero ni en España, ni enel resto de Europa, es de las tendencias de buen gobierno más seguidaspor las empresas. ElCódigo Unificado, que desde este año deberán tener en cuenta lasempresas cotizadas españolas que deseen alinearse en las mejoresprácticas del buen gobierno, recomienda que los estatutos de lassociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que puedaemitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones quedificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición desus acciones en el mercado.
Elcódigo recogía el espíritu de la directiva europea de 2004 sobre estamateria. Sin embargo, a falta de ver lo que sucederá con el seguimientodel Código Conthe, algo que podrá examinarse en su totalidad cuando elpróximo año las sociedades cotizadas remitan a la CNMV sus informes degobierno corporativo, de momento algunas empresas, como Iberdrola, yahan anunciado que no eliminarán la limitación de los derechos de voto.El argumento utilizado es el de defender los derechos de losaccionistas minoritarios.
Otrasempresas como el BBVA sí eliminaron hace un par de ejercicios lalimitación de votos. También lo hizo en 2003 el Banco Santander, por loque ambas entidades decidieron deshacerse del principal blindaje queaún mantienen muchas empresas españolas. Según el último informe degobierno corporativo publicado por la CNMV, 23 compañías mantienen ensus estatutos límites al derecho a voto.
Perolas empresas españolas no son las únicas reacias a hacer desaparecer desus estatutos los distintos blindajes con que se protegen de lairrupción de capital no deseado.
Segúnun informe que la Comisión Europea dio a conocer la semana pasada, latendencia a mantener los blindajes estatutarios es prácticamentegeneral en todos los países de la UE. Es más, la CE ha detectado que enlugar de eliminarse las barreras a las tomas de control se han creadonuevas limitaciones. Así lo confirmó hace sólo unos días el comisariode mercado interior Charlie McCreevy 'Demasiados Estados miembros estánpoco dispuestos a levantar las barreras existentes, y algunos de ellosincluso han permitido a las empresas un mayor poder para poder frustrarlas opas'.
Elcomisario considera además que la actitud de algunos Estados en estesentido ha terminado por contagiar a otros. 'Si la tendencia continúaexistirá un verdadero riesgo de que las empresas que lanzan una ofertapública de compra de acciones se encontrarán con más barreras y no conmenos. Esta situación va completamente contra el espíritu dedirectiva', se quejaba McCreevy que pese a todo se ha mostradocontrario a modificar la norma comunitaria.
Hastael mes de enero tan sólo 17 países habían transpuesto completamente ladirectiva, mientras que ocho, entre ellos España, sólo han adaptadoparcialmente su legislación.
Además,cinco países -Francia, Grecia, Hungría, Portugal y Eslovenia- hananunciado que dan marcha atrás y harán uso del denominado principio dereciprocidad, es decir, que se reservan el derecho de dar vía libre alconsejo de administración de una compañía para frustrar una oferta quevenga que un Estado miembro donde se permitan los blindajes. TambiénEspaña y Chipre, que sí contemplan la regla de pasividad, tienenprevisto incluir este principio.
Lagran mayoría de los países de la UE han decidido además no aplicar ladenominada regla de la neutralidad que impide que ciertas restriccionesa la transmisión de valores y a los derechos de voto sean efectivasdurante una opa.
Ala vista de los malos resultados obtenidos, la Comisión Europea aseguraque planea realizar un análisis más profundo acerca de las razones porlas que los estados miembros se han mostrado tan reacios a adoptar ensus legislaciones los contenidos de la directiva.
Mientrasse desarrollan los últimos acontecimientos en torno a la opa sobreEndesa, ésta mantiene la convocatoria de junta general extraordinariapara el 20 de marzo para decidir si elimina los blindajes estatutariostal como pide Eon.
Los cambiospropuestos para los estatutos se refieren a la limitación de losderechos de voto situados en el 10%; el sistema de nombramiento deconsejeros y la composición de consejo y las condiciones especialespara el nombramiento del consejero delegado. Son medidas frecuentementeutilizadas por las empresas. De acuerdo con los datos del Observatoriode Gobierno Corporativo y Transparencia elaborado por la Fundación deEstudios Financieros, la mayor parte de las medidas de blindaje sebasan en cláusulas de garantía a favor de los miembros de la altadirección (54,2%), los quórums reforzados (14,2%) y la limitación dederechos de voto de los accionistas (15%). El estudio constata que haydiferencias entre las medidas de blindaje en cuanto a tamaño y asector. Petróleo y energía y bienes de consumo son los que más limitanlos derechos de voto, mientras que el de materiales básicos industria yconstrucción los limitan en menor medida. Y por tamaño, el estudioseñala que cuanto mayor es la empresa es más probable que exista unalimitación a los derechos de voto.
