Algunasempresas ya tienen un pie puesto allí. Otras se están embarcando endiversos proyectos, bajo el paraguas de los pagos argentinos por elcombustible venezolano. El plan de viviendas.
En un marco de empatía política, la compra de bonoslocales, la rápida disponibilidad de fuel oil y gasoil caribeños queArgentina necesita importar para paliar la escasez de gas, y el convitea la energética estatal Enarsa para explotar el pródigo subsuelovenezolano son los réditos económicos más concretos del romancebilateral. Este, sin embargo, también es usufructuado por algunasempresas privadas.
Un buen estímulo para vender aquella naciónha sido el Convenio Integral de Cooperación que los dos países firmaronel 6 de abril del 2004 y por el cual se dispuso crear un fideicomisocon el dinero que Argentina pagara por la importación de combustibleque se usa para producir electricidad. Esos recursos deberían serutilizados para la compra de bienes industriales argentinos, según laprevisión original, “petroenergéticos” y “agrícolas”.
De algúnmodo, el subsidio que el Estado argentino otorga a sus generadoreseléctricos (todas empresas privadas) se usa para fomentar la actividadde otros productores locales. En la punta compradora está el Estadovenezolano, que destina los recursos de su petrolera, Pdvsa, paracomprarles a esos proveedores vernáculos.
“Argentina estávendiendo productos de alto valor agregado”, se anima GabrielHormilouge, asesor de la Subsecretaría de Integración Latinoamericana yMercosur y uno de los mentores locales de aquel fideicomisoadministrado por el venezolano Bandes, que desde el primer pago, el 9de agosto del 2004, y diciembre del 2006, acumuló algo más de 390millones de dólares. Según da fe el colaborador de Jorge Taiana, esasuma se había gastado íntegra en compras de rubros muy diversos, noprevistos en el acuerdo original. El listado incluye desde los hardwareque la estatal Invap provee para equipamiento hospitalario, el softwareque para el mismo fin vendió la sede local de Philips, las incubadorasde Medix, los ascensores de Servas, hasta equipos electroenergéticos omaquinarias agrícolas, entre otros.
A decir de la Cancillería,el éxito habría sido tal que algunas de esas empresas prevén nuevoscontratos y otras analizan eventuales joint ventures con firmasestatales venezolanas, al aliento de varias prerrogativas. Una: aquelfideicomiso adelanta el 30 por ciento del valor de la importación, loque les da a los proveedores capital de trabajo. Dos: Argentina seguiránutriendo el fondo con la importación de combustible, para este añoestimada en más de 200 millones de dólares. Otra más: el convenio prevéque el estado venezolano puede hacer aportes adicionales, con lo cualel presupuesto del fideicomiso puede ser aún mayor. Finalmente: lasempresa que cultivan buenos nexos con Planificación, tienen allanada sulabor de marketing.
Pero ese pozo no es la única vía paravenderle aquella nación, con importante liquidez gracias a su abundantepetróleo y el buen precio que éste alcanzó en el mercado internacional.Valga de ejemplo que muchos de los productos agropecuarios soncomprados directamente por la Coordinadora de Abastecimiento deServicios Alimentarios que, aunque está habilitada, no utiliza losdólares del fideicomiso.
Mucho antes del actual acercamientoentre las administraciones, el holding de los Rocca ya explotabahidrocarburos de la mano de la francesa Total, y hace poco renovó suapuesta en el rubro, aviniéndose a los cambios que Chávez estáimponiendo a los contratos petroleros. También hace su agosto conSidor, paradójicamente, la planta que la constructora del grupo montóen los 70 con un contrato que, salto inflacionario mediante, le resultóruinoso: la siderúrgica ahora privatizada hace tiempo es suya ylucrativa. Enrique Pescarmona hasta suavizó esmeradamente su discursohacia la política kirchnerista, cuando gracias a los buenos oficios deJulio De Vido consiguió cerrar su contrato para la provisión deturbinas y operación de la central hidroeléctrica Macagua I, negocioque replicaría con Macagua II.
Pero el abanico de negocios paraempresas argentinas parece abrirse. Los constructores que acompañaron aNéstor Kirchner en su última visita a Venezuela no trajeron de PuertoOrdaz ningún acuerdo firmado, tal como se preveía. Pero la comitiva queencabezó Aldo Roggio y que también integraron representantes de laconstructora Iecsa (grupo Macri), o de Electroingeniería, entre otros,no dejó de mirar con atención la posibilidad de colarse en los planesde vivienda sociales. La meta chavista es construir entre 100 mil y 180mil unidades por año, pero sus propias empresas no tienen la tecnologíaapropiada para llegar a esa meta políticamente ineludible. Laspresuntas trabas burocráticas que vislumbran los empresarios argentinosno minaron el interés por explorar un terreno que se ve prósperotambién en el segmento de infraestructura.